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Centenario de la Aprobación del Estatuto Municipal (1924)

Archivo Real y General de Navarra

01/03/2024 - 31/03/2024

Uno de los objetivos iniciales de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) fue “regenerar” la vida municipal para “descuajar el caciquismo”, considerado el mal endémico de la Restauración. Para ello, encargó reformar la legislación local a José Calvo Sotelo, al que nombró Director General de Administración Local. El Estatuto Municipal elaborado por Calvo Sotelo fue aprobado el 8 de marzo de 1924 y supuso establecer un nuevo régimen local que eliminaba el poder de tutela sobre los ayuntamientos del país, la fiscalización de sus actos en vía del recurso administrativo, el control de sus finanzas y su dependencia de otras administraciones, como las diputaciones o el Gobierno.

Este principio de autonomía era contrario a las facultades que la Diputación Foral y Provincial de Navarra ejercía históricamente sobre los municipios y, por lo tanto, suponía una modificación unilateral de la Ley de 16 de agosto de 1841 si se aplicaba directamente a Navarra. Por ese motivo, la Diputación emprendió una complicada negociación con Calvo Sotelo y el Directorio Militar para adaptar el Estatuto Municipal al régimen privativo de Navarra, que culminó con la promulgación del Real Decreto-Ley de 4 de noviembre de 1925 de bases para la aplicación del Estatuto Municipal en Navarra, más tarde desarrollado en el Reglamento de Administración Municipal de Navarra de 1928. Cuando se cumple el centenario de la promulgación del Estatuto Municipal, el Archivo Real y General de Navarra (AGN) dedica a su microexposición mensual a este acontecimiento.

En 1924, la Diputación Foral ejercía un amplio control sobre los municipios, debido a una interpretación expansiva de las competencias atribuidas en la Ley de Modificación de Fueros de la Provincia de Navarra de 1841, también conocida como Ley Paccionada. Sin embargo, el Estatuto Municipal suprimía, sin negociación previa, esta jerarquía, modificando el régimen foral. Ante este ataque, la Diputación envió el 11 de marzo de 1924 una comisión a Madrid, fruto de lo cual se aprobó la Real Orden de 11 de abril de 1924, que, por un lado, imponía la vigencia en Navarra del Estatuto Municipal en todo lo que no se opusiera al régimen establecido por la ley de 1841 y, por otro, encomendaba a la Diputación dictar las reglas necesarias para armonizar su régimen privativo con la autonomía que el Estatuto concedía a todos los ayuntamientos del país. Como consecuencia de ese mandato, la Diputación impulsó la constitución de una asamblea de representantes de los ayuntamientos navarros, a la que encomendó redactar un proyecto de bases de adaptación del Estatuto Municipal, proyecto que fue aprobado por la Diputación el 12 de enero de 1925, designando una nueva comisión negociadora. Las bases acordadas con el Ministerio de la Gobernación fueron aprobadas el 13 de julio por la Diputación, haciendo constar que no podrían ser aceptadas si no respondían a un pacto.

Finalmente, el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley de 4 de noviembre de 1925 de bases para la aplicación del Estatuto Municipal en la provincia de Navarra. El texto reconocía como “trámite previo inexcusable la aprobación por la Diputación de las bases” y que los municipios navarros, aun disfrutando de los mismos fueros y prerrogativas que el resto de los municipios españoles, estaban “sometidos a la jerarquía de la Diputación de Navarra en primer grado”. Una jerarquía que se limitó parcialmente, ya que, en adelante, toda normativa referente a los municipios debía someterse a la aprobación del Consejo Administrativo Foral, un órgano hasta entonces consultivo y que contaba ahora con mayoría municipal. El contenido de la nueva normativa se extendía a cuestiones como la organización municipal de los ayuntamientos navarros y su libertad para regular asuntos como el aprovechamiento de bienes, el nombramiento de empleados o la organización de servicios y obras, pero al mismo tiempo regulaba la necesaria autorización para determinadas cuestiones de la Diputación, que se reservaba la revisión y control de numerosas cuestiones. Además, atribuía a un Tribunal Administrativo delegado de la Diputación los recursos administrativos.

Finalmente, para el desarrollo de esta normativa se aprobó, el 3 de febrero de 1928, el Reglamento de Administración Municipal de Navarra, auténtico código del régimen local navarro, que actualizó y unificó en un cuerpo legal uniforme, las variadas y dispersas normas anteriores y que permaneció, con sus modificaciones, hasta la aprobación en 1990 de la Ley Foral de Administración Local.

Acceso libre y gratuito.

Lugar: Galería Baja

Horario: Todos los días de 10:00h. a 14:00h. y de 17:00h. a 20:00h.